Noticias y actualidad jurídica

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 450/2026, mediante el cual se incorpora al ordenamiento jurídico español el marco regulador de los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) y se modifica el Reglamento General de Circulación.

¿Qué son los Sistemas Inteligentes de Transporte?
Se trata de tecnologías que permiten intercambiar información entre vehículos, infraestructuras y centros de gestión del tráfico.

Su finalidad es mejorar:

• La seguridad vial.
• La gestión del tráfico.
• La movilidad sostenible.
• La respuesta ante emergencias.

¿Cómo afectará a los conductores?
Aunque muchas medidas afectan principalmente a administraciones y operadores públicos, la implantación de estos sistemas facilitará una mejor información en tiempo real sobre incidencias, accidentes, obras o retenciones.

También permitirá una mayor integración con los vehículos conectados.

Relevancia jurídica
En procedimientos derivados de accidentes de tráfico, la información generada por estos sistemas podrá convertirse en un elemento probatorio de gran importancia para determinar responsabilidades.

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La creciente utilización de vehículos personales ligeros ha llevado al Gobierno a aprobar una importante modificación del Reglamento General de Vehículos mediante el Real Decreto 52/2026, que establece un nuevo marco jurídico para su identificación, certificación y circulación.

¿Qué cambia con la nueva regulación?
La reforma incorpora un régimen más completo para los denominados vehículos personales ligeros, reforzando:

• Los requisitos técnicos.
• La certificación de los vehículos.
• Su inscripción administrativa cuando proceda.
• Las condiciones de circulación.

Además, la normativa adapta el Reglamento General de Vehículos a las modificaciones introducidas por la Ley 5/2025.

Objetivo de la reforma
El incremento de accidentes relacionados con patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal ha puesto de manifiesto la necesidad de un marco normativo más claro.

Con esta regulación se pretende:

• Mejorar la seguridad vial.
• Incrementar la trazabilidad de los vehículos.
• Facilitar el control administrativo.
• Homogeneizar los requisitos técnicos.

Consecuencias para las reclamaciones
Esta modificación tendrá una importante incidencia en los procedimientos derivados de accidentes de circulación, especialmente cuando intervengan vehículos de movilidad personal.

La existencia de requisitos técnicos obligatorios facilitará la determinación de responsabilidades civiles y administrativas.

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La seguridad vial continúa evolucionando gracias a la incorporación de nuevas tecnologías destinadas a reducir el número de accidentes de tráfico. Desde el 6 de julio de 2026, todos los vehículos que se matriculen por primera vez deberán incorporar dos nuevos sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS), en cumplimiento de la normativa europea y de su aplicación en España.

¿Qué sistemas pasan a ser obligatorios?
Los nuevos vehículos deberán incorporar:

• Sistema avanzado de detección de distracciones y somnolencia del conductor (DDR-ADR).
• Sistema avanzado de frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas (AEB-PCD).

Estos dispositivos se suman a otros asistentes ya obligatorios, como el asistente inteligente de velocidad o el mantenimiento de carril.

¿Cómo influyen en los accidentes?
Estos sistemas pueden reducir considerablemente los siniestros por distracción, uno de los principales factores concurrentes en los accidentes con víctimas.

Además, facilitarán la reconstrucción del accidente y podrán constituir una prueba relevante en procedimientos judiciales para determinar responsabilidades.

¿Qué supone para las reclamaciones?
En el futuro será habitual que las aseguradoras soliciten los registros electrónicos del vehículo para analizar el funcionamiento de estos asistentes.

Esto puede resultar determinante en procedimientos de responsabilidad civil derivados de accidentes de circulación.

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Muchas víctimas de accidentes de tráfico desconocen un aspecto clave del sistema indemnizatorio español: las aseguradoras pueden ser condenadas a pagar intereses de demora muy elevados cuando retrasan injustificadamente el pago de una indemnización.

Este mecanismo no es opcional ni discrecional, sino que está regulado en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), y ha sido interpretado de forma muy estricta por el Tribunal Supremo.

El artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro
El artículo 20 LCS establece una penalización automática para las aseguradoras que no pagan la indemnización en plazo sin causa justificada.

Consecuencias principales:

• Interés legal incrementado.
• Posible condena desde la fecha del siniestro o reclamación.
• Aplicación automática si hay retraso injustificado.

El objetivo de esta norma es claro: evitar que las aseguradoras dilaten los procedimientos de forma estratégica para reducir costes o presionar al perjudicado.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha sido constante en su interpretación del artículo 20 LCS.

Doctrina consolidada:

• No se admiten excusas genéricas para retrasar el pago.
• La aseguradora debe justificar de forma objetiva la causa del retraso.
• Si no existe causa razonable → se aplican intereses automáticamente.

Criterio relevante del Supremo:
Incluso en supuestos complejos, como accidentes con posible alcoholemia o controversia sobre la responsabilidad, el Tribunal Supremo ha confirmado que la mera discusión del siniestro no justifica el retraso del pago si la deuda es objetivamente determinable.

Ejemplo jurisprudencial relevante
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al pago de intereses del artículo 20 LCS en casos donde:

• La aseguradora discutía la cobertura.
• Existían informes contradictorios.
• Se alegaba culpa del asegurado.

¿Qué puede reclamar el perjudicado?
Cuando una aseguradora retrasa el pago, el perjudicado puede reclamar:

• 1. Indemnización principal: Daños personales, materiales o secuelas.
• 2. Intereses legales: Aplicables desde el momento de exigibilidad.
• 3. Intereses del artículo 20 LCS: Mucho más elevados y sancionadores.
• 4. Costas judiciales: En caso de litigio y estimación de la demanda.

Preguntas frecuentes sobre demora de pago de las aseguradoras

• ¿Cuándo debe pagar intereses una aseguradora? Cuando retrasa el pago de una indemnización sin causa justificada, conforme al artículo 20 LCS.
• ¿Qué son los intereses del artículo 20 LCS? Son intereses sancionadores que penalizan a la aseguradora por el retraso en el pago.
• ¿Desde cuándo se calculan los intereses de demora? Generalmente desde la fecha del siniestro o desde la reclamación formal del perjudicado.
• ¿Puede la aseguradora evitar pagar intereses? Solo si demuestra que el retraso está justificado por causa razonable o duda objetiva sobre la obligación de pago.
• ¿Qué pasa si la aseguradora no paga la indemnización? Además de la indemnización principal, puede ser condenada a pagar intereses legales, intereses del artículo 20 LCS y costas judiciales.

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Por este motivo, resulta fundamental actuar correctamente desde el primer momento para evitar dificultades posteriores al reclamar una indemnización.

Primeras actuaciones en el lugar del accidente
La prioridad siempre debe ser garantizar la seguridad de las personas implicadas.

Si las circunstancias lo permiten:

• Señalice correctamente la zona.
• Compruebe si existen heridos.
• Contacte con los servicios de emergencia.
• Solicite asistencia policial cuando resulte necesario.

Siempre que sea posible, conviene obtener pruebas que permitan reconstruir posteriormente cómo ocurrió el accidente.

La importancia de reunir pruebas desde el inicio
Una reclamación sólida suele apoyarse en pruebas objetivas.

Resulta recomendable conservar:

• Fotografías de los vehículos.
• Imágenes del estado de la carretera.
• Datos de los conductores implicados.
• Información de posibles testigos.
• Parte amistoso firmado.
• Informes policiales.

Muchas reclamaciones fracasan precisamente por la ausencia de pruebas suficientes.

Acudir al médico aunque las lesiones parezcan leves
Es habitual que determinadas lesiones no se manifiesten inmediatamente.

Dolores cervicales, contracturas musculares o problemas lumbares pueden aparecer horas después del accidente.

Por ello, es aconsejable acudir a un centro médico lo antes posible para dejar constancia de cualquier síntoma.

La documentación médica será uno de los elementos más importantes en una futura reclamación.

¿Qué conceptos pueden indemnizarse?
Cada caso debe analizarse individualmente, pero generalmente pueden reclamarse:

• Daños físicos: Incluyen las lesiones temporales sufridas durante el proceso de recuperación.
• Secuelas permanentes: Cuando persisten limitaciones físicas o psicológicas tras el alta médica.
• Daños materiales: Vehículos, teléfonos móviles, gafas u otros bienes afectados por el accidente.
• Perjuicios económicos: Cuando la víctima pierde ingresos debido a una baja laboral o una disminución de su capacidad profesional.

Errores frecuentes que conviene evitar
Entre los problemas más habituales encontramos:

• Aceptar ofertas económicas precipitadas.
• No conservar informes médicos.
• No acudir a rehabilitación.
• Firmar documentos sin asesoramiento.
• Esperar demasiado tiempo para reclamar.

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Sufrir un accidente de tráfico es una experiencia estresante y dolorosa. El golpe más común en las calles de Granada es la colisión por alcance trasero. Este tipo de impacto suele provocar la conocida lesión de latigazo cervical o esguince cervical. Aunque es una lesión muy frecuente, las compañías de seguros suelen poner muchas trabas para pagar la indemnización justa. Por ello, contar con el asesoramiento de un abogado de accidentes de tráfico en Granada es fundamental para defender tus derechos.

La importancia de acudir a urgencias antes de 72 horas
Existe una regla de oro en la ley de seguridad vial que muchas personas desconocen. Debes acudir a un centro médico u hospital antes de que pasen 72 horas desde el accidente. Si dejas pasar este plazo, la aseguradora rechazará tu reclamación de forma automática. Argumentarán que el dolor de cuello no está relacionado con el impacto del vehículo.

Guarda muy bien el informe de urgencias original. Ese documento es la prueba médica principal que usará tu abogado para iniciar la reclamación de los daños personales.

¿Cuánto se cobra por un esguince cervical?
La cuantía de la indemnización no es fija y depende de varios factores regulados por el Baremo de Tráfico. Principalmente, se calcula sumando dos conceptos: los días de curación (el dinero que te corresponde por cada día que has estado de baja o realizando tratamiento de rehabilitación) y las secuelas (si tras recibir el alta médica sigues teniendo dolores, mareos o limitación de movimiento, esos puntos de secuela aumentan notablemente la indemnización final).

Además, tienes derecho a reclamar los gastos de farmacia, los objetos rotos en el accidente (como el móvil o las gafas) y el dinero perdido por no poder trabajar.

Tu seguro cubre los gastos de tu abogado privado
Muchas personas no reclaman porque piensan que contratar a un profesional privado les costará muy caro. Esto es un error muy común. La gran mayoría de las pólizas de coche incluyen una cobertura llamada "Defensa Jurídica".

Esta cláusula significa que tu propia aseguradora te pagará, total o parcialmente, los honorarios de un despacho independiente. En Muñoz & Asociados, gestionamos todo tu expediente médico y negociamos directamente con las compañías.

Puedes leer la guía completa o consultar con nuestro abogado de accidentes de tráfico en Granada para asegurar tu indemnización.

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La zona de bajas emisiones (ZBE) de Granada, activa desde octubre de 2024, completó su periodo de pruebas durante 2025 y desde diciembre de este último año las sanciones se aplican con normalidad.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Granada, los vehículos que no cuentan con distintivo ambiental (etiqueta) de la DGT y no están censados en la ciudad tienen prohibido el acceso a todo el término municipal, delimitado por la circunvalación GR-30, la ronda sur y la A-4006.

La multa por acceso indebido es de 200 euros, reducible al 50 % por pago anticipado. Las cámaras de lectura de matrículas controlan los accesos de forma automatizada.

Quedan excluidos de la sanción los vehículos que acrediten que se dirigen a un aparcamiento concertado, los que transporten personas con movilidad reducida y los vehículos históricos, entre otros supuestos recogidos en la ordenanza municipal.

Contra la ordenanza municipal que regula la ZBE se han presentado varios recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Hasta la fecha, el TSJA no ha acordado la suspensión cautelar de la norma, que sigue en vigor.

La ordenanza municipal de circulación de Granada regula el uso de los carriles reservados para autobuses y taxis. Actualmente, existen tres puntos principales con control automatizado mediante cámaras: Gran Vía de Colón, Calle Recogidas y Avenida de la Constitución.

La circulación o estacionamiento indebido en estos carriles está tipificado como infracción grave, con multa de 200 euros (100 euros por pronto pago).

El sistema de cámaras lee las matrículas y comprueba si el vehículo está autorizado (autobuses, taxis y, en algunos tramos, vehículos con autorización especial). Las imágenes tienen carácter probatorio y permiten la imposición de sanciones sin necesidad de presencia policial en el momento.

Según datos del Ayuntamiento, durante 2025 se impusieron más de 4.500 sanciones por este concepto, una cifra similar a la de años anteriores.

El Ayuntamiento de Granada regula la circulación de vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente patinetes eléctricos, a través de la ordenanza municipal de movilidad.

Normas principales: Prohibición absoluta de circular por aceras, zonas peatonales, parques y jardines. Velocidad máxima de 25 km/h en vías autorizadas. Obligación de disponer del certificado de circulación del vehículo. Uso de casco recomendado. Prohibición de circular con auriculares o usando el teléfono móvil.

Infracciones y sanciones: Circular por aceras o zonas peatonales: multa de 200 euros. No disponer de certificado de circulación: multa de 200 euros. Superar la velocidad máxima: multa de 100 a 200 euros. Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: multa de 500 a 1.000 euros.

El parque de patinetes de alquiler con base fija debe cumplir además con autorizaciones municipales específicas que regulan su número y ubicación.

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT), ha implementado para la temporada 2026 un plan especial de tráfico en los accesos a Sierra Nevada.

Las medidas se centran en la carretera A-395, única vía de acceso a la estación de esquí. Durante los fines de semana de temporada alta y en periodos de alta afluencia, se establece una regulación dinámica del tráfico mediante paneles de mensajería variable que informan en tiempo real del estado de la carretera y de la disponibilidad de aparcamiento.

Se recomienda el uso del transporte público (autobuses lanzadera) desde Granada capital y el área metropolitana. Asimismo, se recuerda la obligación de llevar cadenas o neumáticos de invierno cuando las condiciones meteorológicas así lo exijan, bajo sanción de 200 euros en caso de incumplimiento.

El plan puede consultarse en los paneles informativos a lo largo de la A-395 y en la página web de la DGT.

El Real Decreto 159/2021 establece que desde el 1 de enero de 2026 el único dispositivo válido para la preseñalización de peligro en caso de inmovilización del vehículo es la baliza V16 conectada.

Características obligatorias del dispositivo: Debe estar homologado por los laboratorios autorizados (IDIADA o LCOE) y figurar en el listado oficial de la DGT. Incorpora conectividad con la plataforma DGT 3.0, enviando automáticamente la geolocalización del vehículo. Emite una luz amarilla intermitente de 360 grados, visible a 1 km de distancia durante al menos 30 minutos. Se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de salir del habitáculo.

Multas: No llevar la baliza en el vehículo: infracción leve, hasta 100 euros. No utilizarla en caso de avería o accidente: infracción grave, 200 euros.

Los triángulos de emergencia dejan de ser válidos, aunque pueden seguir usándose en países extranjeros que aún los exijan.

La Resolución de 3 de febrero de 2026, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (BOE-A-2026-3803), actualiza las cuantías indemnizatorias del sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (baremo de tráfico, Ley 35/2015) para el año 2026.

El incremento es del 2,9 %, conforme al IPC interanual. Desde 2026, la actualización se realiza aplicando el IPC general anual en lugar del índice de revalorización de pensiones utilizado en años anteriores.

Tarifas orientativas por día de perjuicio personal: básico, en torno a 39 €; moderado, en torno a 68 €; grave, en torno a 98 €; muy grave (ingreso en UCI), en torno a 130 €.

Las tablas completas y las cuantías exactas pueden consultarse en el portal de la DGSFP y en el BOE-A-2026-3803.

El Tribunal Supremo mantiene una línea jurisprudencial consolidada, reiterada en resoluciones recientes de la Sala de lo Civil (como la STS 1396/2025, de 8 de octubre, y la STS 1801/2025, de 9 de diciembre), según la cual la mera consignación de una cantidad por la aseguradora no basta, por sí sola, para librarla del interés moratorio del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) si esa cantidad no se pone a disposición efectiva e incondicionada del perjudicado.

Esta línea refuerza la protección del perjudicado frente a estrategias dilatorias de las aseguradoras, y explica por qué muchas reclamaciones que llegan a juicio terminan con una condena adicional a estos intereses, que pueden llegar a duplicar el interés legal del dinero.

* Contenido informativo general. La aplicación concreta de esta doctrina depende de las circunstancias de cada caso; consulta con un abogado antes de dar por sentado su alcance en tu situación.